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(25 DE ABRIL, 2025).-Al inicio de esta semana, estudiantes del CCH Sur, acompañados de padres y madres de familia y otros alumnos de distintas facultades de la UNAM, marcharon durante casi 3 horas sobre Av. Insurgentes y Periférico para denunciar un intento de abuso sexual dentro de las instalaciones del plantel.
Desde el 8 de abril, la madre de la estudiante manifestó por redes sociales que el día 7 de abril, su hija, quien está diagnosticada con trastorno del espectro autista, fue agredida por dos personas que intentaron abusar de ella sexualmente.
La madre, en su testimonio, describió cómo dos sujetos interceptaron a la menor, sometiéndola y tratando de bajarle la ropa interior. Afortunadamente, su hija logró escapar de las personas y encontrar refugio mientras ella llegaba al plantel para apoyarla.
Las autoridades de CCH Sur explicaron que el personal de vigilancia, intendencia, de la Secretaría General, de la DGAPSU y una persona orientadora auxiliaron a la menor. Asimismo, aseguraron que se le brindó atención psicológica, además de levantar un acta por parte de una abogada de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Sin embargo, los alumnos han manifestado que no es un hecho aislado y denunciaron que dentro de las instalaciones han sufrido actos de acoso por parte de maestros y personas ajenas al plantel.
Las denuncias de acoso sexual y violencia se han replicado en otros planteles y facultades de la universidad.
Un día después de la manifestación de los estudiantes del CCH Sur, en el CCH Naucalpan fue reportada como desaparecida Tamara Romero Matehuala. Sin embargo, las autoridades del colegio rechazaron que la desaparición de la estudiante haya sido dentro del plantel y emitieron un comunicado donde explicaron que, de acuerdo con videograbaciones, la alumna ingresó por la puerta principal a las 6:33 horas de la mañana y salió por la misma puerta a las 8:15 horas.
En noviembre de 2025, alumnos de Prepa 5 también se manifestaron frente a la Rectoría de la UNAM para exigir la atención de denuncias de acoso realizadas por los estudiantes.
Posteriormente, el 7 de febrero del 2024, el Tribunal Universitario de la UNAM anunció su decisión de expulsar a cinco alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 5, que participaron en la manifestación de noviembre.
El Tribunal de la máxima casa de estudios señaló a los jóvenes devandalizar la Torre de Rectoría a través del uso de aerosoles, fuego, martillos y demás armas blancas. Por tal motivo, resolvió expulsar definitivamente a dichos estudiantes.
Por su parte, los estudiantes expulsados aseguraron que dicha acción violó sus derechos humanos por no ser informados de una acusación en su contra; también argumentaron que no se les otorgó un derecho de audiencia ni se les dio a conocer sus garantías como estudiantes.
De acuerdo con Miriam Estrada, del Centro de Derechos Humanos José Revueltas, afirmó que no existían pruebas ni evidencia de que ellos hayan sido los responsables.
Otro hecho de violencia dirigido hacia otro estudiante, que derivó en la expulsión de 7 alumnos, fue originado por la muerte de un estudiante tras un presunto ataque de “grupos porriles” en CCH Naucalpan el jueves 9 de mayo de 2024.
Esto ocasionó la protesta de distintos estudiantes de escuelas y facultades que terminó en la toma de la Dirección General del CCH y finalmente en la expulsión de 7 alumnos que participaron en la protesta.
La expresión de las distintas protestas, por lo menos del último año, ha coincidido por cuestiones de seguridad solicitadas por los estudiantes. Sin embargo, han ido escalando por tensiones en un intento de modificación del artículo 15 del Tribunal Universitario que establecía la posibilidad de suspensión o expulsión inmediata de estudiantes que incurrieran en actos vandálicos como medida provisional y que al final fue eliminado a petición del rector Leonardo Lomelí Venegas tras la manifestación de los estudiantes.
Las tensiones parecen no ceder; sin embargo, queda claro que una de las exigencias más prioritarias es una responsabilidad que le corresponde a la UNAM, derivada de su autonomía relativa a su estructura técnica, el nombramiento y promociones de sus profesores y empleados, su disposición libre del presupuesto y su dominio directo de sus inmuebles, que tienen que ver con dar seguimiento a las denuncias directas a su personal académico y de trabajadores.
Y una responsabilidad externa, de asegurar la seguridad por parte del gobierno local alrededor de los centros de estudio, no solo los pertenecientes a la UNAM, sino de cualquier institución educativa.
Pero no se puede recriminar una libertad de expresión bien señalada por Barros Sierra en su momento:
“Lo que más profundamente molesta a los enemigos de la Universidad es el ejercicio de las libertades democráticas de reunión. Ciertamente, la Universidad no ha dado al pueblo todo lo que debe darle, pero su marcha es ascendente y eso no sólo se dice, sino que también se comprueba diariamente (…) Viva la discrepancia porque es el espíritu de la Universidad. “Viva la discrepancia porque es lo mejor para servir”.
El cambio interno solo podrá venir del interior, desde la comunidad, frente a los retos actuales y externos que le corresponden al Estado y a la sociedad mexicana.
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